El
Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha pedido a los
fiscales que no culpen a este cuerpo de la imposibilidad de cumplir el mandato
legal para calificar antes del 6 de junio la complejidad o no de las causas,
una cuestión que este miércoles volverá a ser analizado por el Consejo Fiscal.
Este
órgano consultivo presidido por la fiscal general, Consuelo Madrigal, retomará
el informe sobre el estado actual de la revisión de todas las causas para
determinar si llega a tiempo de calificarlas como complejas o no complejas, tal
y como le obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija
el 6 de junio como plazo límite.
El
presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia,
Rafael Lara Hernández, se ha unido de esta forma a las críticas que ya han
hecho sindicatos de los antiguos secretarios judiciales por las manifestaciones
vertidas desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
La
Unión Progresista de Fiscales reconoció la "imposibilidad" de
controlar esos plazos, entre otras razones, por "la nula colaboración recibida
por los letrados de la administración de justicia, a quienes legalmente
corresponde la obligación de controlar los términos judiciales".
Según
los letrados de la Administración de Justicia, tal afirmación es incorrecta y
son los fiscales los que tienen el mandato legal de estudiar cada causa, de
acuerdo a la circular 5/2015 de la Fiscalía General.
En
este sentido, añaden que los letrados no tienen las facultades de la Fiscalía
General de Estado para atender a las demandas sobre una mayor dotación de
medios o de programas informáticos que faciliten este trabajo de revisión de
todas las causas judiciales, algo que, recuerdan, corresponde supervisar en
última instancia a la Administración.
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