La Ley de Servicios y Colegios Profesionales puede
suponer una rebaja importante de aranceles para los procuradores. Si finalmente
el texto es aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, los
aranceles dejarán de ser una tarifa fija para convertirse en la cuantía máxima
que estos profesionales podrán cobrar por sus servicios, abriendo la puerta a
una liberalización de precios.
Así aparece reflejado en el último texto que circula
actualmente y con el que podrían estar negociando los diferentes ministerios
implicados. El texto tiene fecha del 11 de noviembre y va acompañado por una
memoria de impacto normativo de la misma fecha.
Esta última versión contempla la aprobación de un real
decreto que, “con el fin de incentivar la competencia entre procuradores y
evitar aranceles desproporcionados y prácticamente ilimitados”, regule el
arancel de acuerdo con una serie de parámetros. En este sentido, la cuantía del
mismo tendrá carácter de máximo y los procuradores estarán obligados a entregar
un presupuesto previo a sus clientes en el que conste expresamente la
disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. En caso de que
no haya disminución, también tendrá que reflejarse este hecho.
Además, la cuantía global que podrán cobrar por un
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros, una cifra
que se ha visto reducida respecto al texto que circulaba el pasado mes de
julio, con el tope en 150.000 euros. En la regulación vigente, el límite está
en 300.000 euros.