Sus Señorías, no los del Poder Judicial,
sino los zoquetes del Poder Legislativo ( los 350
miembros del Congreso y los 280 miembros del Senado, todos ellos de dudosa
necesidad), disfrutan ya de las vacaciones de Semana Santa. En total 18 días de
vacaciones, que empezaron el pasado jueves 10 de abril, no teniendo que volver
hasta el próximo día 29.
Estas vacaciones no suponen ninguna
novedad este año, puesto que lo consideran como un "derecho
consolidado" desde hace ya varias legislaturas, derecho
consolidado adoptado por acuerdo unánime de la Mesa del Congreso compuesta por
PP, PSOE y CiU (para esto sí que se ponen de acuerdo, incluso llegan a la
unanimidad).
A estas vacaciones hay que sumar las que
reconoce el art. 73 de la Constitución, que señala que la actividad
parlamentaria se dividirá en dos periodos ordinarios: el primero desde febrero
a junio, y el segundo desde septiembre a diciembre. Si echamos cuentas quedan
libres los meses de enero, julio y agosto. Lo dicho, todo un chollo del que
disfrutan los zoquetes de la casta.
Y mientras tanto, somos los funcionarios,
ingresados en la función pública por oposición, bajo los Principios de
igualdad, mérito y capacidad, y con el requisito de titulación académica
suficiente, a quienes se nos quitan los días de asuntos propios, se nos reduce
el salario, se nos quita la paga extra, se nos descuenta por estar enfermos, y
una larga lista de agravios que tiene su origen en la anterior legislatura (dá
igual si son rojos o azules).
No olvidamos todo lo que nos deben, porque
nos lo han quitado, y no dejaremos de pedir que nos lo devuelvan, sobre todo
cuando tenemos conocimiento de actuaciones como esta, que atentan contra el más
mínimo sentido de la Justicia y del esfuerzo compartido al que tanto apelan, y
han apelado, para adoptar medidas de agravio hacia el colectivo de
funcionarios de Justicia.