A última hora de la tarde de ayer, el Ministerio de Justicia a través de la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, publica un protocolo de actuación para prevenir los riesgos laborales, ante la emergencia sanitaria del COVID-19. En este protocolo, se establece un procedimiento que "está medido al milímetro" para tratar de minimizar el impacto del virus en los servicios esenciales, describiendo de forma concreta como deben actuar los diferentes responsables de la Administración de Justicia ante situaciones de riesgo o de contagio de la enfermedad.
Todas las actuaciones del protocolo, están centralizadas en la Unidad Especializada para la Coordinación de Riesgos Laborales (UCRL), cuya principal función es prestar asesoramiento y apoyo necesario a los directivos o responsables de cada unidad, elaborando informes, propuestas y recomendaciones sometidas siempre a las directrices de las autoridades sanitarias.
Todas las actuaciones del protocolo, están centralizadas en la Unidad Especializada para la Coordinación de Riesgos Laborales (UCRL), cuya principal función es prestar asesoramiento y apoyo necesario a los directivos o responsables de cada unidad, elaborando informes, propuestas y recomendaciones sometidas siempre a las directrices de las autoridades sanitarias.
Pero además tiene las siguientes funciones:
- realizar el seguimiento y evaluación técnica (no sanitaria) de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores.
- proponer medidas preventivas
- asesorar en la coordinación de trabajadores de otras empresas que presten servicios en los centros de la Administración de Justicia.
- Será el encargado de actualizar y distribuir la documentación relacionada con la enfermedad covid-19.
- También será el encargado de difundir los documentos externos oficiales de las autoridades sanitarias y la normativa que resulte de aplicación en materia preventiva.
El Ministerio de Justicia pretende a través de esta unidad de coordinación aunar toda la documentación que genere el seguimiento de esta pandemia a fin de:
- lograr una homogeneización de las medidas que se deben adoptar para prevenir los contagios
- asesorar a las gerencias territoriales "con carácter preventivo" aclarando las dudas que se puedan plantear en relación con :
- la adopción de medidas de protección tanto colectivas como individuales,
- de organización del trabajo
- y sobre el entorno fisico del trabajo
Las Gerencias Territoriales o el órgano equivalente de las CCAA, ante cualquier caso positivo o de aislamiento, deben remitir a la UCRL, a la mayor brevedad, la información del afectado y del superior jerárquico, así como de las medidas a adoptar para prevenir otros contagios.
Estas Gerencias territoriales tienen la obligación de colaborar en las Comisiones Judiciales de Seguimiento del COVID-19 de los TSJ y deben prestar la ayuda y los medios necesarios a los responsables de los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia. El objetivo es lograr "la detección de incidencias que permita ofrecer una respuesta inmediata a los casos que se puedan dar de positivos o de indicación de aislamiento".
Por ello, en cada gerencia habrá un coordinador en conexión permanente con la UCRL para controlar y coordinar las actuaciones.
Los Fiscales Jefes, Secretarios de Gobierno, Secretarios coordinadores y Directores de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tendrán que comunicarlo a las Gerencias para que éstas a su vez den traslado a la UCRL.
Tanto en el ámbito de las Gerencias como en el del resto de los responsables de cada Unidad, antes indicados, pueden decidir cuestiones básicas como por ejemplo, dar las instrucciones precisas a las empresas de limpieza para intensificar las medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo y zonas de uso común.
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