· STAJ ADVIERTE QUE LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO
PARA LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL BENEFICIARÁN A LOS BANCOS Y
FINANCIERAS Y ASFIXIARÁN AÚN MÁS A LAS FAMILIAS ENDEUDADAS
· STAJ SOLICITÓ AL MINISTERIO QUE SE EMPEZASE LA
ACTIVIDAD GRADUAL POR LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA Y AQUELLOS QUE PUDIERAN
FAVORECER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
El Sindicato de Trabajadores de
la Administración de Justicia, en sus alegaciones a la Resolución del
Ministerio de Justicia, por la que se daba carta blanca a la normalización de
la actividad judicial, pese al mantenimiento del Estado de Alarma y orden de
confinamiento, si bien de forma gradual, instaba al Ministerio para que no se
dejase a la "ponderación de abogados y procuradores la presentación de
escritos", debiendo establecer el Gobierno los criterios para la paulatina
vuelta a la normalidad, de modo que la tramitación, entrada y registro de
asuntos quedara bajo el control del Gobierno, empezando por mantener en
suspenso aquellos procedimientos que pudieran ahondar en el agravamiento de
situaciones económicas precarias, y priorizar los procedimientos relativos a
Familia o aquellos que pudieran derivar beneficios a los sectores de la población
más vulnerables en la presente crisis.
Una vez abierta la posibilidad de
la tramitación y registro de la presentación de escritos ante la Administración
de Justicia, la falta de adopción de estos criterios, ha puesto de manifiesto
lo advertido por STAJ, pudiéndose constatar que un porcentaje muy importante de los escritos
que se han presentado lo han sido en ejecuciones hipotecarias o
ejecuciones dinerarias, procedimientos en los que la parte ejecutante
son bancos o entidades financieras, es decir, procedimientos en los que se
persiguen bienes de personas que, por regla general, están pasando por momentos
difíciles económicamente y que, a buen seguro, tras la declaración de estado de
alarma y paralización de muchos sectores de la producción, su situación se
habrá agravado. De hecho, el escrito estrella está siendo la solicitud de
embargo de la devolución de Hacienda, esa devolución que las familias esperan
en estas fechas, y maxime este año, como agua de mayo.
Con ello, el Gobierno, a través
del Ministerio de Justicia, ha tomado en consideración las reivindicaciones de
las cúpulas colegiales de la Abogacía y la Procuraduría para acelerar la
reanudación de la actividad de esta Administración, pero en materias que, en
plena crisis sanitaria, en poco o en nada ayudan a la ciudadanía y que de
ningún modo son esenciales para la vida de la mayoría de los ciudadanos en
estos momentos.
La reactivación de la actividad
judicial sin establecer límites a la presentación de escritos y demandas
supondrá, además, el agravamiento de la situación de atasco en la tramitación
procesal e impedirá que, a medio plazo, puedan destinarse los recursos humanos
a la atención de otros procedimientos judiciales que sí podrían contribuir a la
protección de colectivos que hayan sido especialmente castigados por la crisis,
como son los trabajadores asalariados, los autónomos y las pequeñas y medianas
empresas, todo ello por la falta de previsión y criterios sociales para el
restablecimiento gradual de la actividad de la Administración de Justicia.
Por todo ello, STAJ critica que la incorporación paulatina de los funcionarios y consiguiente exposición al contagio del coronavirus a la que se enfrentan, ya que las medidas de protección llegan tarde y escasamente a las sedes judiciales, se realiza sin atender a criterios de necesidad sino de satisfacción a determinados sectores y colectivos, para los que estos trabajadores están exponiendo su salud y la de sus familiares.
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