La
distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo se
acordaron en el pleno de la última conferencia sectorial celebrada el pasado
día 26 de julio, así como la litigiosidad registrada durante el pasado
ejercicio y la planta judicial actual. Galicia no figura entre las comunidades
autónomas a las que más recursos se destinan, que son, por este orden,
Andalucía, con 1.3 millones; Cataluña, con 1.12 millones; y Madrid con algo más
de un millón, que copan más de la inversión total. Por contra, La Rioja es la que
menos recibe con 45.000 euros.
El
objetivo, apunta el ministerio, es avanzar en la integración tecnológica plena
de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa
de la gestión procesal. En este sentido recuerda que existen nueve sistemas
procesales diferentes y que resulta muy complicado cumplir en toda España con
unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de
soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado
tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.
A
finales del mes de julio, un fallo informático en el sistema LexNET, que se
utiliza en Galicia, dejó sin protección datos y documentos de los sumarios que
se instruyen en toda España, de manera que cualquier usuario del sistema de
Justicia podía suplantar a otro. Se dijo entonces que el sistema era obsoleto.
El
ministerio ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado
tecnológica y funcionalmente, que «garantice» la máxima
eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. El nuevo sistema
sustituirá de forma paulatina el actual, incorporando la gestión
de asuntos judiciales en formato electrónico. Para ello, el
Gobierno va a habilitar la entrada automática de escritos y demandas a través
de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, incrementando las funcionalidades
necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.
Esta
dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones
necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada
comunidad autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado
contribuye al proceso de modernización de la Justicia, dice el ministerio.