Privatizar
el Registro Civil está dando ya enormes beneficios
para empresas privadas y, posteriormente, también, para el cuerpo de
registradores mercantiles, en un alarde de presunta prevaricación por parte del
actual Gobierno. Pero el problema es mucho más profundo y tiene que ver con un
doble proyecto ideológico concreto. Por un lado la propuesta enfermiza de una
determinada derecha casposa e insolidaria que pretende privatizarlo todo, por
supuesto los beneficios, no los riesgos, ni las pérdidas. Pero el segundo
aspecto de esta propuesta es, si cabe, de mucho mayor calado político
ideológico.
El
Registro Civil en España comenzó en enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de leyes estatales que
lo instauraban, exigiendo a los municipios la creación de un Registro Civil en
el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los
españoles y españolas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen
de sus creencias.
Recientemente,
en 2011 el gobierno del PSOE trató de “modernizar” y de “desregular” la
dependencia del Registro Civil del ámbito de los jueces. Quizá con buenas
intenciones en un inicio, pero que no supo o no quiso rematar o se vio envuelto
en un magma corporativo. Precisamente ahí esté el inicio del “problema”, que ahora
el Partido Popular quiere “rematar la faena”, si las próximas elecciones y una
nueva mayoría parlamentaria no se lo impiden.
El PP,
primero, ha puesto en manos de empresas privadas de nuevas tecnología datos de
la ciudadanía que son sensibles, obviando los más elementales principios de la Protección de Datos y, ahora, pretende poner los registros
civiles en manos de los registradores mercantiles (y de la propiedad).
Es
evidente que había que modernizar el Registro Civil en España, dar una
nueva funcionalidad en base a los principios de igualdad y usando las nuevas
tecnologías al máximo, pero dentro de los límites del Estado de Derecho y de la
privacidad que cada persona merece y que sólo se consagran en el ámbito
público. Por seguridad e igualdad de todos y todas ante la Ley. Principio
constitucional muy importante, que con esta propuesta se destroza.
Hay que
tener en cuenta los enormes riesgos que se corren cuando los datos personales
más relevantes de la ciudadanía, desde las inscripciones de
nacimiento a las de defunción, pasando por toda una serie de
actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la administración
pública. Ya sea central, territorial o local.
Con esta
reforma pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros en
la seguridad y privacidad de las personas que ello puede conllevar.
Muchos
políticos y colectivos sindicales se equivocan cuando la denuncia de este hecho
la hacen basándose, fundamentalmente, en cuestiones puramente mercantiles, de pago de aranceles por parte de la
ciudadanía, de suculentos pelotazos y de supuesta prevaricación (que también).
Pero la
cuestión de fondo tiene que ver mucho más con el desmantelamiento del Estado de Derecho y de
la laicidad institucional, que se fue construyendo muy poco a
poco y con mucho esfuerzo a raíz de la Revolución Francesa.
Y ahora se trata de de-construir, si nuevas mayorías políticas no lo remedian.
Suponiendo que lo quieran remediar.
Fuente
nuevatribuna.es