Desde STAJ planteamos a la Defensora
del Pueblo en primer lugar que conocíamos las quejas de los ciudadanos por el
funcionamiento de este servicio, pero le dejamos claro que esas quejas
tienen su origen en la falta de medios con que cuesta el Registro Civil,
cuestión imputable exclusivamente a los responsables políticos encargados de la
gestión de sus medios materiales y humanos. Los funcionarios de Justicia, muy
al contrario, lo que hemos venido haciendo ha sido paliar con nuestro trabajo y
dedicación sus inaceptables deficiencias.
También transmitimos a la Defensora del Pueblo, que el carácter
gratuito del Registro Civil difícilmente va a poder garantizarse por
mucho que lo diga el Ministerio, porque los Registradores de la Propiedad,
ineludiblemente, tendrán que hacer frente a su coste, (personal y
material), por lo que de alguna manera, ya sea mediante incremento de los
aranceles, mediante tasas, mediante subvenciones o directamente de los
presupuestos generales del Estado, tendrá que ser financiado, por lo que
seremos los ciudadanos quienes lo financiemos de forma directa o indirecta.