La judicatura se mostró aparentemente de acuerdo, pero sin ocultar sus reservas, con la idea lanzada por el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de celebrar juicios también en agosto.
No obstante varios vocales del Poder Judicial avisaron de que, al menos hasta ahora, el ministro de Justicia ha sido muy genérico sobre esas cuestiones y aseguraron que no es tan sencillo habilitar agosto. Parecido punto de vista manifestaron los principales colectivos profesionales de la judicatura. La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria quiso dejar claro, por su parte, que muchos jueces, funcionarios y secretarios judiciales trabajan en agosto.
El portavoz de ese colectivo, José Luis González Armengol, declaró que la propuesta del ministro de Justicia debe ser analizada, consultada y valorada «convenientemente» por todos los sectores implicados.
Jueces para la Democracia alertó sobre las repercusiones prácticas que tendría señalar juicios en agosto, ya que es un mes tradicional de vacaciones para los abogados e igualmente para muchos testigos y particulares, que no acudirían a las vistas y obligarían a suspenderlas. «Es una medida que no tiene muchas ventajas y va en la línea que intenta implantar el nuevo Gobierno», razonó el portavoz del colectivo, José Luis Ramírez, quien acusó a Ruiz-Gallardón de querer «solucionar los problemas de la Justicia con un coste 'cero', pero sin profundizar en los problemas estructurales». STAJ GALICIA considera la medida como populista y que no va a redundar en un ahorro para las arcas públicas ni a solucionar el problema de atasco en los Juzgados, ya que tanto funcionarios como Jueces y demás personal que trabaja en la Administración de Justicia deberán coger vacaciones en uno u otro mes, si podría beneficiar el hecho de que el personal que estuviese de vacaciones fuese sustituido por personal eventual,durante las mismas, para que los Órganos Judiciales no estuviesen paralizados durante las vacaciones de sus titulares y los asuntos no cesasen en su trámite en ausencia del personal que los tramita.
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