miércoles, 21 de septiembre de 2016

Rueda de prensa en Santiago.

Los sindicatos CSIF, USO, UGT, CUT, STAJ, CIG y CC.OO., con representación en la administración de justicia, han denunciado "desinterés" de la Xunta en los juzgados de violencia de género, carencia de órganos judiciales y "discriminación" a los funcionarios transferidos a la comunidad autónoma. "Hay que resolver las carencias de estos órganos -los destinados a gestionar asuntos relativos a la violencia machista-, en los que hay una alarmante falta de medios materiales y humanos", ha advertido Jorge González Figueiras (CSIF) en una rueda de prensa en la que ha ejercido como portavoz de todas las centrales con representación en la mesa sectorial de justicia. Al respecto, ha criticado que se requieren espacios en los que separar a víctimas y testigos del presunto agresor, ha destacado que es "necesaria más formación" de los funcionarios destinados en estos juzgados, y ha avisado de que la situación es "especialmente grave" en los mixtos, de localidades pequeñas.

PLANTA JUDICIAL Y AMORTIZACIÓN DE PERSONAL El segundo apartado contra el que se han pronunciado los sindicatos, en la voz del representante de CSIF, ha sido el relativo a la amortización del personal y a la planta judicial, que en Galicia requiere "seis nuevos juzgados" como indicaba recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y "alguno más". En cuanto al personal, González Figueiras ha reprobado la "brutal reducción de plazas", con la previsión de amortizar, según sus números, 106 desde hace dos años en adelante, y de las que estiman que ya se ha materializado en torno a un 40%. El colectivo, en total, está formado por unas 2.500 personas, aproximadamente.


DISCRIMINACIÓN EN INCAPACIDADES Y BAJAS Por último, en tercer lugar, las organizaciones sindicales han recriminado que se dé una "discriminación" a este grupo de funcionarios con respecto a los fiscales, jueces, funcionarios adscritos al Ministerio de Justicia y letrados -antiguos secretarios judiciales-. Según aseguran, para todos estos profesionales, una incapacidad temporal o una baja médica por enfermedades como una gripe o una varicela no suponen descuento, pero sí para los funcionarios transferidos a la comunidad gallega, cuando, según reivindican, ellos también son un "cuerpo nacional". Por ello, solicitan la "equiparación", al entender la situación "totalmente inadmisible". 
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