En estos días se está rumoreando que el
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, podría estar barajando la
posibilidad de dimitir al frente del Ministerio, por haber sido desautorizado
por otros miembros del Gobierno y del partido en lo referente a su proyecto de
Ley del Aborto. Desde luego que la actuación de Gallardón desde que tomó
posesión de su cargo no ha estado exenta de decisiones polémicas e inaceptables
y, a nuestro juicio, con graves perjuicios a la Administración de Justicia. Es
el caso, por ejemplo, de la reforma del CGPJ, de la Ley de Tasas o, más
recientemente, de la privatización del Registro Civil (que no de la
desjudicialización, que debemos “agradecer” al último gobierno socialista y que
el PSOE quiere recuperar, sacando los Registros Civiles de Justicia y con
pérdida de cientos de puestos de trabajo, aunque sea sin entregarlo a los
Registradores Mercantiles, y contra la que nada hizo algún sindicato que tanto
protesta ahora).
Polémico también ha sido el Anteproyecto
de Ley Orgánica del Poder Judicial, uno de los proyectos “estrella” de
Gallardón, y que, en su redacción originaria, suponía el mayor retroceso en los
derechos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia,
suprimía los Juzgados de Paz y abría la puerta a la pérdida de numerosos
puestos de trabajo y a la movilidad forzosa ordinaria. No obstante, y como
hemos venido informando, el preacuerdo suscrito con los sindicatos STAJ,
CSIF y UGT en Julio, modifica sustancialmente la redacción originaria del
anteproyecto, de forma que se salvaguardan los derechos que se ponían en grave riesgo, se mantienen las
oficinas judiciales de paz y los puestos de trabajo, se impide la movilidad geográfica ordinaria forzosa y se mejoran algunos aspectos de nuestro estatuto jurídico.
No sabemos si finalmente Gallardón
dimitirá o no, como tampoco sabemos si el proyecto de LOPJ verá definitivamente
la luz (queda poco tiempo de legislatura y el texto originario ha sufrido una
importantísima modificación). Desde luego, lo que sí sabemos es que gracias al
preacuerdo, si el nuevo texto de LOPJ llega a pasar el Consejo de Ministros,
será con la salvaguarda de los derechos de los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia y todo lo demás recogido en el preacuerdo.
Desde STAJ exigiremos, además, que aunque el proyecto no sea aprobado, las otras
mejoras que hemos conseguido (promoción interna independiente, compromiso de un
mejor desarrollo reglamentario de las sustituciones y comisiones de servicio,
promoción interna de los T.E.L. a Facultativos de INTyCF, mejora del régimen
disciplinario...), sean aprobadas con la máxima urgencia.