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Desde STAJ
acogemos con escepticismo los proyectos presentados, si bien celebramos que
el Ministerio apueste por la modernización de la justicia, su digitalización,
y por acometer medidas que supongan agilización de trámites y alivio de la
sobrecarga de trabajo que padecen la inmensa mayoría de órganos judiciales.
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Hemos
dejado claro que cualquier reforma debe partir de la garantía de respeto a
los derechos y retribuciones de los funcionarios, ha de permitir la
diferenciación y especialización de los puestos de trabajo y la movilidad
voluntaria, exclusivamente, mostrando nuestra oposición a la desaparición de
los puestos de trabajo actuales. En este sentido, el Ministerio se ha
mostrado conforme en buscar el consenso y establecer un marco de negociación
que incluya estos aspectos.
§ Además hemos exigido el desarrollo
de la carrera profesional, el desarrollo de la regulación de las
comisiones de servicio donde aún no se ha regulado, así como la mejora de la promoción interna, con
recuperación de la reserva del 50 % de las plazas disponibles.
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Ayer se celebró por
videoconferencia nueva reunión entre el Ministerio de Justicia y las
Organizaciones sindicales representativas (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y
ELA), en la que el Ministerio ha presentado a los sindicatos los proyectos que
van a ponerse en marcha en los próximos meses, acelerados algunos de ellos como
consecuencia del estado de alarma y la necesidad de acometer reformas que
supongan una agilización real de la Administración de Justicia y una reducción
del volumen de asuntos existentes y el incremento previsto por efecto de la
pandemia.
Estos proyectos se
desarrollan en cuatro grandes bloques:
- Justicia digital.
- Reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible.
- Justicia 2030.
- Instauración de un modelo de gobernanza y “justicia orientada al dato”.
Se pretende el pleno
desarrollo de la justicia digital, con fuerte inversión en medios
tecnológicos, con implantación de vistas telemáticas, atención al ciudadano
mediante videoconferencia, acceso de profesionales y ciudadanos a sus
expedientes judiciales a través de portal Web, implantación de la cita previa
telefónica, etc.
También se van a
acometer reformas procesales que agilicen los procedimientos judiciales,
sobre todo en el orden civil, social y contencioso-administrativo,
simplificando trámites, y permitiendo la realización de algunos de ellos desde
cualquier lugar sin necesidad de desplazamiento de los ciudadanos a la sede
judicial, potenciando igualmente el “teletrabajo”. También se buscará una
disminución de la litigiosidad mediante mecanismos de solución extrajudicial de
conflictos, que podrán ser obligatorios en determinados supuestos.
En materia
organizativa y programa “Justicia 2030”, el Ministerio apuesta
decididamente por la instauración de los tribunales de instancia, pero sin
desaparición de los actuales partidos judiciales e instaurando además lo que
denomina “oficinas municipales de justicia”, si bien no concreta cuáles serán
sus funciones ni si sustituirán o no a los actuales Juzgados de Paz. En
palabras del Ministerio, se trata de acercar la justicia al ciudadano y no de
alejarla.
En materia de “gobernanza”,
el Ministerio quiere mantener la experiencia adquirida durante el estado de
alarma, de coordinación con las CCAA con competencias, CGPJ y Fiscalía General
de Estado, asegurando que se contará con la participación de otros colectivos
implicados en la Administración de Justicia, así como con las organizaciones
sindicales. Junto a ello, el Ministerio apuesta por lo que denomina “Justicia
orientada al dato”, de modo que las Administraciones competentes puedan contar
con información suficiente y en tiempo real para poder tomar las mejores
decisiones en materia organizativa, entre otras, información que también estará
disponible para los agentes sociales.
Desde STAJ
hemos acogido con escepticismo estos proyectos, si bien celebramos que el
Ministerio apueste por la modernización de la justicia, su digitalización, y
por acometer medidas que supongan agilización de trámites y alivio de la
sobrecarga de trabajo que padecen la inmensa mayoría de órganos judiciales.
En cuanto a las
reformas en materia organizativa, hemos dejado claro que cualquier reforma en
la materia debe partir de la garantía de respeto a los derechos y retribuciones
de los funcionarios, ha de permitir la diferenciación y especialización de los
puestos de trabajo y la libre elección de los mismos por parte de todo el
personal, es decir, la movilidad voluntaria, exclusivamente, y huir de
cualquier tipo de imposición o limitación en este sentido, mostrando además
nuestra oposición a la desaparición de los puestos de trabajo actuales. En este
sentido, el Ministerio se ha mostrado conforme en buscar el consenso y
establecer un marco de negociación que incluya estos aspectos.
En materia de Registro
Civil, hemos reiterado nuestra posición de mantenimiento de la actual
estructura y servicio enteramente por funcionarios de la Administración de
Justicia, algo compartido, en principio, por el Ministerio.
Sobre la solución
extrajudicial de conflictos, desde STAJ reclamamos que no suponga una
suerte de privatización encubierta de la Justicia, algo que el Ministerio
asegura que no se producirá. Al mismo tiempo, hemos recordado las funciones
previstas en la LOPJ para los Cuerpos de Gestión y Tramitación en materia de
mediación, de ahí que apostemos por la mediación intrajudicial.
Por lo que respecta a
las nuevas tecnologías, desde STAJ hemos exigido la obligatoriedad de su
uso para todos y no solo para los funcionarios, y en cuanto al teletrabajo,
hemos reclamado también que sea la Administración la que dote de los medios
necesarios, todo ello dentro del marco de una negociación que debe producirse
ya y en todo caso tan pronto desde el Ministerio de Trabajo se establezcan las
pautas generales de aplicación para todos los trabajadores.
Por lo que respecta a
la coordinación con las CCAA, CGPJ y FGE, y la posible participación de las
organizaciones sindicales, hemos exigido que se garantice esta participación,
además de resaltar que sería un grave error ignorar a los representantes del
colectivo más números que presta sus servicios en la Administración de
Justicia, que son además los mejores y mayores conocedores de los problemas del
día a día de los juzgados y tribunales, además de constituir un personal
altamente cualificado y con elevados conocimientos procesales, que se
demuestran cada día. Desde STAJ hemos exigido la plena participación y
reconocimiento legal y retributivo por las numerosas funciones procesales que
realizamos de facto y las que se avecinan como consecuencia de las nuevas
tecnologías y la pretendida plena digitalización de la Justicia.
Y en
definitiva, además de la participación en el diseño de todas las reformas,
hemos exigido el desarrollo de la carrera profesional, el desarrollo
de la regulación de las comisiones de servicio donde aún no se ha regulado,
así como la mejora de la promoción interna, con recuperación de la reserva
del 50 % de las plazas disponibles.
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