Hasta ahora, la
tramitación de las demandas presentadas por los padres contra la Xunta corrían
a cargo de los juzgados de familia de Pontevedra, por tratarse de la capital de
la provincia. Sin embargo, los tribunales de esa ciudad llevan varios meses derivando
procedimientos amparándose en una reciente reforma legal del 2015 que deriva el
asunto al lugar de residencia del reclamante. El problema es que los juzgados
de Vigo, ya sobrecargados de trabajo, se han visto con otra tromba de pleitos
que no desean y los han rechazado. Hacen una interpretación de la ley distinta
de la de Pontevedra, no solo en este caso sino en otros más, por lo que el
conflicto ha acabado en la Audiencia provincial.
Desde finales de verano,
la sala de familia de Pontevedra envía a Vigo los pleitos de tutela de menores
en desamparo que considera que entran en la jurisdicción de la ciudad olívica.
Los juzgados vigueses rechazan sistemáticamente esos expedientes y paralizan la
tramitación de todos al considerar que no son competentes para resolverlos y
que ello le correspondería a Pontevedra. Luego, los derivan al órgano común
superior de los juzgados de Vigo y Pontevedra, que es la sexta sección de la
Audiencia Provincial. Será esta sala de Civil, con sede en Vigo, la que
decidirá a qué tribunal le corresponde estudiar tales asuntos. Este problema no
es nuevo, ya que en octubre la sección sexta dictaminó que debería ser Vigo la
que tramite las propuestas de adopción y declaró su competencia territorial.
«Nos oponemos a
tramitarlos pero no solo es por este caso sino por más», dicen fuentes
judiciales en Vigo, que aseguran que están sobrecargados de trabajo por los
numerosos pleitos.
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