La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su “satisfacción ante los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos”, de cuyo contenido en materia de Justicia dimos cuenta ayer en esta página.
Según explican en el comunicado, firmado por los representantes de las cuatro asociaciones, Manuel Almenar, Raimundo Prado, Ignacio González y Conrado Gallardo, “una de las causas de la apariencia de politización que afecta a la Justicia española radica en el sistema de elección de los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial, por las Cortes Generales y a propuesta de uno u otro partido político, lo que arroja una sombra de duda sobre la independencia de los nombrados que, aunque no responda a una realidad, incide negativamente en la credibilidad de la institución”.
Por ello, señalan que las Asociaciones Judiciales han defendido -y recuerdan que así se recogió expresamente en el documento suscrito el pasado 17 de diciembre de 2015 y presentado a los partidos políticos en vísperas tanto de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como del 26 de junio de 2016-, “la elección directa de los doce vocales jueces por los propios jueces y juezas, como fórmula para evitar esa apariencia de politización y preservar y reforzar la independencia del órgano de gobierno y, por extensión, de la misma carrera judicial y de la Justicia”. Tal y como sostienen, “un órgano de gobierno plural, en el que estén representadas las distintas sensibilidades, contribuirá sin duda alguna a garantizar la separación de poderes y recuperar la confianza de la ciudadanía”.
También muestran su satisfacción por los compromisos adoptados en relación con la dotación de medios materiales, creación de nuevas plazas, implantación de nuevas tecnologías y reformas legales, “que se consideran absolutamente esenciales para garantizar un servicio público de calidad y que la sociedad española tenga la Justicia que se merece”.
“Por ello, nos alegramos del acuerdo alcanzado como un primer paso para un Pacto de Estado por la Justicia, que esperamos sea apoyado por todas las fuerzas parlamentarias como una oportunidad que no podemos desaprovechar para lograr ese objetivo de Justicia al que todos aspiramos”, concluye el comunicado.
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