El
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la reforma de la Ley 20/2011
sobre registros civiles que abría la puerta a desjudicializar el servicio. STAJ considera
que esta ley, que entra en vigor el 30 de junio próximo, tendrá graves
problemas para llegar a buen puerto porque necesita de mucha inversión, al
salir el Registro de la Administración de Justicia y suscribirla a la General
del Estado o las comunidades autónomas (nuevas dependencias, interconexión
informática con ayuntamientos, hospitales, etc…).
Para
Juan Antonio Luque, de STAJ, el problema es que hay un movimiento
para privatizar el Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia
para entregárselo a los registradores de la propiedad.
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