jueves, 22 de septiembre de 2016

A Subdelegacion do Goberno non autoriza a concentración de Pontevedra.

Los delegados sindicales simularon portar "mordazas" para mostrar su malestar dado que la junta electoral no se había opuesto a este acto
La Subdelegación del Gobierno impidió "in extremis" la celebración ayer de una concentración de protesta ante los juzgados de A Parda y que estaba convocada por los principales sindicatos que representan a los funcionarios de la administración de Justicia. Una protesta que tenía como objetivo denunciar los recortes en medios materiales y humanos por parte de la Xunta, así como reclamar algunas mejoras laborales.
Los representantes sindicales mostraron su malestar por la decisión de la Subdelegación del Gobierno, a quien acusan de actuar "al servicio del PP" para impedir una protesta que no había encontrado "ningún tipo de objeción" por parte de la Junta Electoral al no observar en ella "un acto político de campaña electoral". Así, explican que la Subdelegación ha puesto como excusa para su no autorización que no haya sido convocada dentro de los plazos previstos, con un mínimo de diez días de antelación.
Los sindicatos desconvocaron esta concentración, pero a modo de protesta por la decisión de la Subdelegación del Gobierno, los responsables de los sindicatos se colocaron unas mascarillas en la boca a modo de "mordaza" para criticar lo que consideran como "un ataque a la libertad de expresión" por parte de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Señalan, además, que la comunicación en la que denegaban la autorización para concentrarse llegó en la misma mañana de ayer, sin tiempo a que pudieran interponer ningún tipo de recurso. Recalcaron, por ejemplo, que concentraciones similares se pudieron llevar a cabo en el resto de las capitales de provincia de Galicia sin ningún tipo de impedimento por parte de las autoridades.
En cualquier caso, las centrales sindicales ya anuncian que continuarán con las protestas después de la campaña electoral. Reclaman más medios para los juzgados, especialmente para los de violencia de género, así como que se acaba con la discriminación sanitaria que padecen, entre otras cuestiones.
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