Pese a ello, las plataformas ciudadanas y las
organizaciones profesionales no se fían y mantendrán las movilizaciones.
Desde el
departamento de Xustiza de la
Xunta habían dejado caer hace algunas semanas, mientras el
ministro Catalá no dejaba de dar la referencia del 15 de julio como la fecha en
la que entraría en vigor la reforma del R. Civil,
que la medida podría aplazarse. Ayer, el día en el que ese vaticinio se hizo
realidad, el vicepresidente de la
Xunta , Alfonso Rueda, del que depende la Dirección Xeral de Xustiza, celebraba la decisión del
ministerio. Desde Ourense, declaró que «se se vai escoitar a todos os posibles afectados para intentar, entre
todos, escoller a mellor solución, pois perfecto, benvido sexa», y pidió que«agora o que toca é que todo o que teña ideas ou aportacións que facer, que
as faga para que acertemos». El vicepresidente se mostró
partidario de que el Registro Civil siga siendo gratuito y próximo a los
ciudadanos.Desconfianza, porque temen que se trate únicamente
de un reclamo electoral. Cansancio, porque llevan «muchos meses luchando contra
esta reforma».
Lo recordaba la presidenta de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, a la que la novedad sorprendió a las puertas del Ayuntamiento de Vigo recogiendo firmas contra un proyecto que siempre ha calificado como de «privatización». Para Aguiar, el anuncio de ayer «es un gran triunfo de los ciudadanos». Lo es porque en el ministerio «saben que la campaña de recogida de firmas es un rotundo éxito y que la contestación social ya no se puede silenciar. Saben que vamos a alcanzar las 500.000 firmas y podremos presentar la iniciativa legislativa popular, y no quieren enfrentarse a ello a las puertas de unas elecciones».Los opositores a la reforma reclaman también que a partir de ahora se abra una vía de diálogo: «El ministerio tiene que llamar a los operadores jurídicos, con los que hasta ahora no ha contado», pedía Yolanda Aguiar.
Lo recordaba la presidenta de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, a la que la novedad sorprendió a las puertas del Ayuntamiento de Vigo recogiendo firmas contra un proyecto que siempre ha calificado como de «privatización». Para Aguiar, el anuncio de ayer «es un gran triunfo de los ciudadanos». Lo es porque en el ministerio «saben que la campaña de recogida de firmas es un rotundo éxito y que la contestación social ya no se puede silenciar. Saben que vamos a alcanzar las 500.000 firmas y podremos presentar la iniciativa legislativa popular, y no quieren enfrentarse a ello a las puertas de unas elecciones».Los opositores a la reforma reclaman también que a partir de ahora se abra una vía de diálogo: «El ministerio tiene que llamar a los operadores jurídicos, con los que hasta ahora no ha contado», pedía Yolanda Aguiar.
Ahora
bien, no será un diálogo sin condiciones. Enrique Araújo, del Sindicato de
Trabajadores de la
Administración de Justicia (STAJ), explica que están «dispostos a falar, pero sempre que o
Rexistro Civil non saia da xustiza. O diálogo ten que se basear niso». Su
propuesta de partida está clara: «Que o Rexistro o asuman os secretarios xudiciais e coa posibilidade de que
os funcionarios poidan participar, e que haxa rexistro alí onde haxa concello».
Fuente La Voz de Galicia.