El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha
presentado su renuncia al cargo, alegando motivos personales. Según han
comunicado fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado su intención es
volver a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional.
Los rumores sobre la inminente renuncia, que ya ha
comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se dispararon el 17 de
diciembre por la tarde después de que Torres-Dulce retirará sin dar ningún
motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el
de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.
Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las
especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el
seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de
Torres-Dulce con el equipo del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que
se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las
expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los Fiscales.
El enfrentamiento cristalizó con las tensiones que
precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su
intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.
Así se evidenció durante la última comparecencia de
Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no
se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como
ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis
Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en
los casos «Bolinaga» y «Matas».
»No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo
que hacer, porque sería un delito», ha afirmado, para añadir: «Si tengo que
sostener posición contraria al gobierno la sostengo».
El fiscal general hizo públicas el pasado 26 de
noviembre en sede parlamentaria sus diferencias con el Ejecutivo de Mariano
Rajoy durante una comparecencia en la que llevaba concienzudamente preparada su
respuesta ante las tensiones evidenciadas por la querella contra el presidente
de la Generalitat, Artur Mas, por su intervención en el denominado proceso
participativo del 9-N.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
se reunirá el próximo 8 de enero para valorar la idoneidad del candidato a
ocupar el cargo de fiscal general del Estado.- fuente diariodenoticiaslaley