Dos normas estrella, la de
enjuiciamiento criminal y la de planta, deberán esperar
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón será la cabeza visible de
la agenda reformista del Gobierno hasta el final de legislatura. Hasta ocho
leyes cocinadas en su departamento de Justicia entrarán en funcionamiento en
este curso político, que transcurre desde este mes de septiembre hasta finales
de julio, fecha en la que casi con toda seguridad se dará por concluida la
actividad parlamentaria debido a la cercanía de las elecciones generales, que
se celebrarán con alta probabilidad en otoño de 2015.
Con el calendario en la mano, Gallardón hará buena su fama
de reformador «compulsivo», como le conocen en algunos ambientes jurídicos,
para dejar su impronta en el ministerio. Su batería legislativa está a punto de
salir del horno. Algunas normas están en tramitación parlamentaria, como el
Código Penal, otras se convertirán en pocos días en proyectos legislativos por
el Consejo de Ministros, caso de la reforma del aborto. Y dos más se encuentran
con el plazo ya prefijado para su aplicación: la ley de transparencia (10 de
diciembre del 2014 para los órganos estatales y un año después para los entes
autonómicos y locales) y la ley del registro civil, que pasará a manos de los
registradores a partir del 15 de julio del 2015.
Pero dado que el período legislativo que ahora comienza está
muy delimitado, más si cabe por la celebración de las elecciones municipales y
autonómicas de mayo del 2015, dos reformas estrella de Gallardón están abocadas
a quedarse en la nevera por falta de tiempo. Se trata de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, que propone la reorganización de los juzgados y tribunales del país
con la supresión de los partidos judiciales, y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y que
data de 1882. De esta última norma, que pasará a llamarse Código Procesal
Penal, solo ha visto la luz el borrador de expertos y su aprobación siquiera
como anteproyecto de ley parece una quimera. En esta circunstancia, Justicia
estudia la posibilidad de proponer cambios parciales a esta norma, como ya ha
hecho con Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora tramita. Este fue el caso
de la modificación de la elección de los vocales del Consejo del Poder
Judicial, la reforma exprés de la justicia universal o el aforamiento de los
reyes salientes.
En el caso del Código Penal que tramitan las Cortes una
parte importante se refiere a las faltas que se convertirán en delitos menos
graves. Sin embargo, no podrá aplicarse si antes no se aprueba un proceso
específico que no existe en este momento y que pasa por modificar determinados
artículos de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. Con todo, su desarrollo se alargará más de un año,
ya que el Código Penal está previsto que entre en vigor de forma progresiva en
el 2015.
Al Congreso llegaron el pasado 1 de agosto los proyectos de
ley de Jurisdicción Voluntaria y del Estatuto de la Víctima. El primero
simplifica y actualiza los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay
controversia, en los que intervendrán notarios y registradores, y requerirá un
órgano judicial para la tutela de determinados intereses relativos al derecho
civil y mercantil.
Por su parte, el Estatuto de la Víctima constituye un
catálogo de los derechos procesales y extraprocesales de aquellas personas que
sufran un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y
también de sus familiares. Ambos proyectos son más livianos y tendrán una
tramitación más rápida que el Código Penal. A ello ayudará la mayoría absoluta
del PP. Un caso parecido al proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita. Llegó a
las Cortes en febrero y el Gobierno exigió antes de verano que se acelerara su
desarrollo parlamentario con la celebración de sesiones extraordinarias de los
órganos competentes. La norma endurece los criterios para acceder a este
servicio.
Por
su parte, la ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las funciones de
juzgados y tribunales, tiene más de seiscientos artículos y se encuentra en
fase consultiva.
Fuente La Voz de Galicia.