Este martes día 22 de julio se ha
celebrado una primera reunión de mesa sectorial para abordar el régimen
transitorio de todo el personal al servicio de la Administración de Justica
afectado por la desjudicialización del Registro Civil, así como la bases para
la posterior reordenación de efectivos que tendrá lugar una vez se produzca el
cese definitivo de las oficinas registrales dependientes de la Administración
de Justicia.
Desde STAJ hemos
vuelto a dejar clara nuestra apuesta por un Registro Civil servido por
funcionarios de Justicia, como un servicio dentro de esta Administración,
por lo que hemos vuelto a reiterar nuestra oposición no sólo a la privatización
y entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, sino a lo que ya
preveía la ley de 2011, que sacaba de Justicia el Registro Civil.
El Ministerio, en este sentido, ha
recordado una vez más que la desjudicialización y entrega a los
Registradores mercantiles es una decisión que ya está tomada y que no
se va a alterar, por lo que ahora toca, exclusivamente, negociar que
las condiciones en las que quede el personal afectado por esa
desjudicialización sean las mejores posibles.
STAJ ha
manifestado que con la propuesta de Disposición Transitoria que nos ha hecho
llegar el Ministerio no se cumple, en absoluto, ni siquiera la garantía de
mantenimiento de puestos de trabajo de que tanto ha hablado el propio Ministro
y todos su equipo, pues se limita a reproducir, casi literalmente, las
previsiones que a este respecto tenía la Disposición Transitoria de la Ley de
2011, de modo que los funcionarios de carrera con destino definitivo serían
reordenados a otros puestos de trabajo vacantes de la misma localidad, y si no
hubiera suficiente, se modificarían las plantillas orgánicas o las Relaciones
de Puestos de trabajo, para acoger a ese excedente.
Eso significa, ni más ni menos, que
la destrucción de cientos de puestos de trabajo. Es cierto que de
ellos, los puestos de trabajo de los Juzgados de Paz no se verán
afectados, como consecuencia del preacuerdo alcanzado por STAJ y
otros sindicatos con el Ministerio, en relación con el Anteproyecto de LOPJ
creándose las “Oficinas judiciales de Paz”, y del que ya hemos informado, pero
las plazas correspondientes de los Registros Civiles exclusivos y los Juzgados
con funciones compartidas de Registro Civil, sí desaparecen, sin que se cree el
mismo número de plazas incrementando la del resto de órganos o creando órganos
judiciales nuevos.
La consecuencia inmediata
será el cese de los interinos que prestan servicio en esos Juzgados y
Registros Civiles exclusivos, y el cese de aquellos funcionarios que ocupan
puestos vacantes, como consecuencia de la reordenación, a esos puestos, de los
funcionarios titulares destinados actualmente en Registros civiles o que
realicen esas funciones en los Juzgados correspondientes. Es decir, que la
garantía que decía el Ministerio no es real, ni siquiera para su ámbito. Y, al
mismo tiempo, se pierden cientos de plazas a las que podrían optar los
funcionarios de carrera en concursos de traslado o en procesos de oposiciones.
Por ello STAJ ha
vuelto a exigir algo que es muy simple y que todo el mundo entiende: El
Ministerio debe recoger en la Disposición Transitoria con absoluta claridad y
con validez para todo el territorio nacional, que se efectuará la modificación
de plantilla o de las RPTs de modo que se crearán tantos nuevos puestos de
trabajo (incrementando los existentes o creando órganos nuevos), como puestos
se destruyen como consecuencia del Registro Civil. Todo lo que no responda
exactamente a esto no será aceptado por STAJ.
El Ministerio va a estudiar las
propuestas sindicales y nos enviará un nuevo texto de Disposición Transitoria,
y nos convocará a una nueva reunión en breve. Si no recoge lo que solicitamos,
no tendremos más opción que intensificar las movilizaciones, y no sólo contra
la privatización del Registro Civil, sino porque el Ministerio, además, va a
destruir cientos de puestos de trabajo.